Recientemente se ha aprobado la Ley Extremeña de RSE, que ha generado mucha polémica.

Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma española en definir una ley propia, no todos los stakeholders han estado de acuerdo. En este punto vuelve a discutirse la obligatoriedad o no de la misma.

El proyecto afirma que “el concepto y los elementos configuradores de la Responsabilidad Social de las empresas extremeñas y establece los instrumentos de evaluación de la responsabilidad social empresarial, así como la verificación por entidades especializadas externas, allanando así la calificación de empresa responsable por la Junta de Extremadura y su posterior inclusión en un registro creado al efecto”.

Según esta ley las empresas socialmente responsable tendrán ventajas fiscales.

La Ley faculta a la Junta de Extremadura a clasificar e incluir en un futuro “Registro de Empresas Responsables” a las empresas de la región.

Se creará,. a su vez,  el Consejo Consultivo de la Responsabilidad Social en Extremadura  y se se regulan en el texto los beneficios de las empresas extremeñas calificadas como responsables y los premios a las mejores de ellas.

El gran dilema de esta Ley regionalista, es que esta puede ser el inicio de un sinfín de leyes autonómicas, en vez de una Ley única. ¿Qué ocurre entonces con las empresas que operen a nivel nacional? ¿o en varias comunidades?

Personalmente, no creo que esta Ley cumpla los calores de la RSE.